Ley de Segunda Oportunidad
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La Ley de Segunda Oportunidad es una normativa legal que ofrece a personas físicas y autónomos en situación de insolvencia una vía para liberarse de sus deudas y comenzar de nuevo. Esta ley permite la reestructuración de deudas a través de un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) o, en caso de no alcanzar un acuerdo, la posibilidad de solicitar la exoneración de deudas a través de un proceso concursal.
El objetivo principal es proporcionar un mecanismo legal que facilite la recuperación económica y social de los deudores, aliviando su carga financiera y permitiéndoles un nuevo comienzo. La Ley de Segunda Oportunidad establece requisitos y procedimientos específicos para acceder a sus beneficios, incluyendo la demostración de insolvencia, la buena fe en la búsqueda de acuerdos con los acreedores y el cumplimiento de ciertos plazos y obligaciones.
La ley establece varios requisitos para poder acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, que son los siguientes:
- Se debe justificar y acreditar la existencia de deudas, es decir, situación de insolvencia y no puede hacer frente a sus deudas.
- Las deudas deben haber sido contraídas actuando de buena fe. Se entiende que es deudor de buena fe el que no incurre en ninguno de los casos del artículo 487 de la Ley Concursal. Así por ejemplo, no es posible haber sido condenado en los últimos diez años por delitos económicos o patrimoniales contra administraciones públicas, o en ese mismo plazo haber sido declarada persona afectada en un concurso de acreedores calificado como culpable.
- El deudor no puede haberse acogido a este procedimiento en los últimos cinco años con liquidación de la masa activa, o en los últimos dos años mediante plan de pagos.
- Que existan deudas con al menos dos acreedores diferentes, es decir, no puede haber solo un único acreedor.
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La LSO plantea dos tipos de solución:
1.- Cancelar totalmente sus deudas y liquidar íntegramente su patrimonio.
2.- Mantener la vivienda aceptando una quita de deuda, comprometiéndose a satisfacer el resto de deudas con un plan de pagos con una duración entre 3 a 5 años.
Además, esta ley permite cancelar y eliminar deudas públicas, así, se puede eliminar hasta 10.000 euros de deuda con la Seguridad Social y otros 10.000 euros con Hacienda.
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Preguntas Frecuentes
La Ley de Segunda Oportunidad es una normativa legal que proporciona a personas físicas y autónomos en situación de insolvencia una vía para liberarse de sus deudas y obtener un nuevo comienzo financiero.
El objetivo principal es ofrecer un mecanismo legal que permita a los deudores sobreendeudados liberarse de sus deudas y recuperar su estabilidad financiera, fomentando así la reactivación económica y la reinserción social. Se persigue que el juez pueda perdonar las deudas.
Algunos requisitos incluyen demostrar insolvencia, actuar de buena fe en la búsqueda de acuerdos con los acreedores, no haber sido condenado por delitos económicos y cumplir con los plazos y obligaciones establecidos.
La exoneración de deudas es la liberación total o parcial de las deudas del deudor, una vez evaluada su situación financiera y cumplidos los requisitos establecidos por la ley.
Tanto personas físicas como autónomos que cumplan con los requisitos establecidos pueden solicitar la exoneración de deudas bajo la Ley de Segunda Oportunidad.
Los principales beneficios incluyen la posibilidad de liberarse de las deudas, obtener un nuevo comienzo financiero y evitar acciones de cobro por parte de los acreedores.
La Ley de Segunda Oportunidad promueve la recuperación económica de personas y autónomos sobreendeudados, fomentando la reinserción social y contribuyendo a la reactivación de la economía.
Bajo ciertas condiciones, pueden exonerarse deudas derivadas de créditos hipotecarios, préstamos personales, deudas con proveedores, deudas tributarias y deudas laborales, entre otras.
El procedimiento implica presentar una solicitud ante el juzgado competente, acompañada de la documentación requerida, demostrar la insolvencia y cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
La exoneración de deudas puede tener un impacto positivo en el historial crediticio del deudor, ya que se elimina la deuda pendiente, lo que puede permitir la recuperación de la solvencia financiera a largo plazo.
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