Ley de Segunda Oportunidad

Abogados especializados en Ley de segunda oportunidad

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, o comúnmente llamada Ley de segunda Oportunidad, entró en vigor el 30 de julio de 2015, es un mecanismo legal que se le ofrece a las personas físicas, particulares o autónomos para renegociar o eliminar las deudas de forma parcial o total cuando se les imposibilite hacer frente a esos pagos.

Esta Ley de Segunda Oportunidad se dirige tanto a personas físicas como autónomos que se vean ahogados por la deuda cuya cantidad no pase de los 5.000.000 euros. Es por ello que se dirige la ley segunda oportunidad particulares que no puedan hacer frente al pago de sus deudas. Ayudamos al cliente a iniciar el procedimiento mediante petición a notaria o registro mercantil en donde se comunicará el comienzo del AEP.

Ley de segunda oportunidad

Algunos de los tantos requisitos para acogerse a la ley de segunda oportunidad que debe de cumplir el deudor de buena fe son los siguientes:



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¿Cuánto duramos en resolver el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad?

Dependiendo del caso en concreto, el procedimiento tiene una duración específica, pues puede variar de un par a más de un año; siempre dependiendo del procedimiento que se siga, si hay acuerdo extrajudicial la duración es reducida, por el contrario, si hay que acudir a los tribunales la duración será mayor y variará en función de la cantidad de trabajo que tenga cada juzgado, la dificultad que suponga el caso y la cantidad de bienes que se liquidarán. Cuando se inicia el procedimiento el deudor queda bajo protección de la ley, es decir, no se le podrá reclamar deudas y menos aún embargarle los bienes.
La fase de negociación extrajudicial con los acreedores tiene una duración de 3 a 6 meses, previo a ello el procedimiento se puede iniciar ante el Registro Mercantil o Cámara de Comercio si son autónomos, o ante el notario si es entre particulares.
Cuando no se puede llegar a acuerdo entre las partes, el procedimiento coge un cauce judicial, donde la duración puede ser más larga, como mínimo 6 meses.

La STS, de 2 de julio de 2019, por la que se ampliaba los límites de la Ley de Segunda Oportunidad al permitir a los deudores exonerar hasta el 70% de las deudas contraídas con la administración pública. Pues una de las ventajas es que la deuda se puede fraccionar en un periodo no superior a los cinco años, tiene viabilidad en deudas de prestamos hipotecarios, deudas con la Seguridad Social, deudas con Hacienda… etc.

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